Yo creo que se han comentado problemas laborales, judiciales y administrativos, pero no han incluído lo fiscal.
Creo que como comentan, lo primero a arreglar es lo laboral, pues se puede convertir en un mounstro económico muy grande para la empresa, resultando en el dicho que "además de apaleado arrastrado". No deben dejar de lado que solo tienen un plazo de 1 mes para utilizar la justificación de la falta de probidad y honradez, la desobediencia y el daño patrimonial. Si dejan pasar el plazo ya no será laboralmente aplicable y el despido sería injustificado según la LFT.
Luego resultaría conveniente para la empresa afectada proceder judicialmente, sino con la finalidad de recuperar el monto defraudado, si al menos con la finalidad de tener un documento oficial que justifique la existencia de un dinero y su desaparición debido a la intervención del empleado. Al tener el documento de la demanda, les permite justificar contable y fiscalmente el registro como gasto por causa de fuerza mayor y reducir sus utilidades y el consiguiente impuesto resultante.
Si hacen estas dos cosas, para el fisco sería deducible tanto la indemnización que pudiera resultar, como el gasto. ¿No creen que vale la pena hacer esto? ó ¿Alguien cree que hay en esto algo irrealizable o improcedente? Yo creo que no, pero dispuesto estoy a escuchar otras opiniones.
Les comento que años atrás tuve algunos casos de ese tipo, se realizó este procedimiento, en dos de los varios casos se tuvo auditoría fiscal y... "pasó la prueba del añejo". Es por eso que me atrevo a sugerir que se tomen estos pasos, que aunque no están muy completos en su detalle, dan las bases para realizarlo.
Esperando les sea de utilidad, van mis saludos a todos los foristas
